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afines mexicanos comenzaron a obtener sus títulos y
cédulas profesionales, también se presentaban ante
las autoridades competentes para registrarse como
Directores Responsables de Obra, contribuyendo así
al fortalecimiento del control y la seguridad en las
edificaciones del territorio.
Este proceso de profesionalización y regulación
técnica se desarrolló en paralelo con la consolidación
del marco legal del país. Un hito fundamental en
este sentido fue la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5
de febrero de 1917, la cual sentó las bases de la
organización política nacional y estableció a los
municipios como la substancia básica dentro de la
estructura política de México. En su artículo 115, se
definieron las facultades, derechos y obligaciones
de los municipios, lo que más adelante influiría en
la distribución de competencias relacionadas con
la planeación urbana, el desarrollo territorial y la
supervisión de la obra pública.
¿Cuál es el origen legal del DRO o Perito?
El artículo 115 de la Constitución Política de México,
en la sección V, incisos d y f establece que los
municipios están facultados para:
D) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, realizan con municipios cercanos o referenciados
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones
territoriales.
F) Otorgar licencias y permisos para construcciones.
Asimismo la Ley General de Asentamientos Humanos
establece en su capítulo cuarto las atribuciones de
los municipios. Y en su artículo 11 menciona lo que
corresponde a los municipios:
I.- Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes
o programas municipales de desarrollo urbano.
III.- Formular, aprobar y administrar la zonificación de
los centros de población.
XI.- Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de
las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego
a las normas jurídicas locales, planes o programas de
desarrollo urbano y sus correspondientes reservas,
usos del suelo y destinos de áreas y predios.
Sin embargo, estas facultades y atribuciones que las
leyes contemplan para los más de 2584 municipios del
país, exhiben las debilidades en la instrumentación de
herramientas legales en la mayoría de los municipios.
Actualmente se tiene conocimiento de apenas 200
reglamentos de construcciones registrados en todo
el territorio mexicano. En estos reglamentos de
construcción se deben contemplar las estrategias
y reglas para garantizar la seguridad en todas
las edificaciones autorizadas a realizar en sus
territorios, además a esto se suma la falta de personal ADMINISTRACIÓN
profesionalmente capacitado en muchos municipios
para supervisar y hacer cumplir las normativas. Es AÑO 33, NÚM. 203 / JUL - AGO 2025
entonces que los municipios recurren al apoyo de los
profesionales conocedores de las normas técnicas
de diseño para la construcción de edificaciones tanto
privadas como públicas.
Es por ello que dentro de los reglamentos de
construcciones se encuentran los parámetros para
el registro de los Peritos en Construcción, así como
para los Directores Responsables de Obra mejor
conocidos como DRO, quienes generalmente son
ingenieros civiles, arquitectos y algunos profesionales
relacionados con el sector de la construcción.
Asimismo en estos instrumentos legales se deben
establecer los requisitos para la obtención del registro
ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
o del organismo que regule la expedición de las
autorizaciones de factibilidades, permisos y licencias
de construcción, así como de su uso territorial.
Se trata de un registro municipal no de un título
profesional, y no puede ser adquirido en algún otro sitio
que no sea el municipio. Existen convenios que algunos
municipios carentes de las herramientas legales
(ejemplo Ciudad de México) para utilizar y aplicar las
normas técnicas referenciadas en sus instrumentos
legales.
Los requisitos a cumplir para registrarse los establece
cada municipio y deben estar incluidos dentro de su
reglamentación vigente o en la publicada en su gaceta
oficial para conocimiento de todos los involucrados.
También es conveniente establecer un organismo
regulador para el control, administración y vigilancia de
los servicios prestados por esta figura municipal. Las
obligaciones del DRO o Perito Coadyuvante, radican
en la revisión técnica de la totalidad de los documentos
que integran el proyecto presentado por el ciudadano
que promueve una edificación, antes de que éste sea
ingresado ante la autoridad municipal.
Cuando la autoridad emite la licencia de construcción,
la coadyuvancia radica en vigilar el cumplimiento
de las normas técnicas en el proceso constructivo
apegado a lo solicitado y registrado en el municipio.
Es responsabilidad del DRO o PCM realizar el
expediente que garantice el cumplimiento y si fuese
necesario documentar también la intervención de
corresponsables por especialidad, dependiendo
del tipo y dimensión de la obra. Así, en caso de
manifestarse algún siniestro o vicio oculto durante
la ejecución u operación del inmueble, le será más
fácil exhibir el documento que acredite que esa
responsabilidad específica la descargó o compartió
con un corresponsable especialista.
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